El gobierno se resiste a revelar datos confidenciales de Aratiri


MINERÍA: ARGUMENTA QUE LA INFORMACIÓN ES DE LA EMPRESA

El Ministerio de Industria, Energía y Minería entiende que la información sobre el proyecto de inversión de Aratirí es de propiedad de esta empresa, que pidió que fuera catalogada como confidencial y por lo tanto no debería publicarse.

Empresa dice que la información podría terminar en manos de su competencia. Foto: Archivo

mié nov 19 2014

El ministerio sostuvo esa tesis en su apelación a la decisión del juez Letrado de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, del pasado lunes 10 que le ordenó difundirla.

El ministerio argumenta en el escrito que se le notificó con la debida antelación a Víctor Bachetta, dirigente del movimiento ambientalista Uruguay Libre que presentó la solicitud de acceso a la información, que la misma no era pública aunque esto no fue hecho mediante una resolución expresa. “En otras palabras, la Administración no incurrió en silencio positivo; la Administración se expresó notificando al actor la imposibilidad de acceder a su petición”, señala el escrito del ministerio al que accedió El País.

El escrito, redactado por Carlos Roselló, abogado de la cartera, señala que “la ausencia de resolución expresa sobre la solicitud de acceso a la información pública no conlleva el acogimiento del acceso judicial si de los antecedentes resulta que el requerido, comprensiblemente aportó al interesado una respuesta; y esto fue lo que ocurrió en la especie, ya que, oportunamente, esta Secretaría de Estado notició al actor la imposibilidad de brindarle la información”.

Roselló argumenta que “si bien la ley otorga a las personas el derecho de acceso a la información pública, a la vez otorga a las personas el derecho a que la información que ante la Administración presenten no se haga pública”. Por ese motivo, entiende que “entregada información por los particulares a la Administración y a petición de los primeros clasificada como confidencial, ni la Administración ni las Sedes Judiciales podrían desclasificarla como tal ante el pedido de acceso formulado luego por un tercero interesado”. “No podría en modo alguno hacerlo la Administración sin oír previamente al titular de la información ya que el procedimiento administrativo de acceso a la información no prevé dicha instancia de eventual contradicción”, agrega.

Aratirí argumenta que invirtió alrededor de US$ 200 millones para hacerse de la información sobre los volúmenes de hierro que pretende extraer y sobre su calidad y que esos datos tienen valor comercial por lo que solicita preservarlos.

El abogado cree que el juez no cumple con la ley 18.381 que regula el acceso a la información pública. Y advierte que no se debe permitir el acceso a la información “sin incurrir en responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que se pudieran generar”.

En el escrito se aduce que no puede alegarse que la decisión original del ministerio de negar información pueda considerarse que presenta “ausencia de fundamentación”, porque en ella se explica que los datos que solicita Bachetta deben mantenerse en estricta reserva porque contiene elementos que podrían ser de utilidad de un eventual competidor de Aratirí.

“¿Cómo podría el MIEM acatar este fallo sin incurrir en responsabilidad ante la propietaria de la información que cuenta con la seguridad de que la misma recibe el tratamiento de confidencial porque así ha sido declarada, a su solicitud?”, se pregunta Roselló.

El abogado enumera algunos contenidos de la documentación para demostrar que no se trata de temática ambiental. Los capítulos 1 y 2 presentan un detalle de la geología y determinan el nivel de recursos y reservas; el 3, una descripción de las minas que constituirían el complejo minero y los equipamientos de carga y descarga; en el 4 se hace referencia a los procesos y equipos necesarios para la beneficiación del mineral; y en el 5, referente a la infraestructura del complejo minero, se describen elementos tales como cintas transportadoras, polvorines, talleres de mantenimiento y caminería, entre otros. En el 6 se describen otros componentes del proyecto, co-mo los detalles constructivos del mineroducto y su operación, su puerto, el acceso a los componentes del proyecto, el suministro y distribución de energía, la mano de obra y el cronograma de construcción del proyecto. “Todo lo cual da cuenta que no nos encontramos ante temática medioambiental”, escribió el letrado.

“No puede limitarse la información”

El juez Alejandro Martínez recordó, en los considerandos de la decisión por la que dispuso que se debe liberar la información sobre Aratirí, que el artículo 18 de la ley 18.381 indica que “el organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales” en que se basa.

“Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud si no ha mediado prórroga o vencida la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva”. Señala que se considerará “falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela”, de acuerdo con lo que establece la ley 17.060.

“No puede limitarse el acceso a la información pública en términos genéricos o vagos sino que debe especificarse claramente aquellos tópicos que justificadamente se entienden confidenciales”, sostiene el juez para justificar su decisión que será considerada en los próximos días por un Tribunal de Apelaciones.

http://www.elpais.com.uy/informacion/gobierno-resiste-revelar-datos-aratiri.html

MINERÍA

Gobierno apela decisión judicial que lo obligaba a difundir el proyecto Aratirí

El Ministerio de Industria, Energía y Minería, decidió apelar la decisión del juez Letrado en lo Contencioso Administrativo, Alejandro Martínez, por la cual obligaba al gobierno a difundir el contenido del proyecto de explotación mineral que presentó la empresa Aratirí.

http://www.lr21.com.uy/politica/1202975-gobierno-apela-decision-judicial-que-lo-obligaba-a-difundir-el-proyecto-aratiri

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