La política de tierra en Uruguay 199 años del Reglamento Artiguista


Por: Pablo Díaz

1- El “secreto agrario” vs.  la función social de la tierra[1]

Fuentes no oficiales[2] calculan en un 20% las tierras extranjerizadas, mientras recientes declaraciones de las autoridades responsables del Censo 2011 del MGAP[3] revelan que en el proceso de concentración de la tierra,[4] por lo menos unos doce mil pequeños productores (58% productores ganaderos y 90% menores a 100 há), han perdido la tierra entre el 2000 y el 2011; que ha aumentado el trabajo asalariado zafral (un 15%) y ha descendido  la cantidad de trabajadores permanentes en el agro (un 27%). Que la ganadería perdió el equivalente de superficie al Departamento de Paysandú, y lo ha ganado la soja y la forestación.

Mientras que las “sociedades constituidas” (anónimas, agrarias, etc.) controlan el 39 % del territorio, garantizando el “secreto agrario” mediante “excepciones” o artilugios legales para mantener la tenencia de la tierra, la única política de tierra efectiva en el período 2005-2014 ha sido la del Instituto Nacional de Colonización (INC) que apenas afecta 3,5 % de la superficie productiva del país. El INC fue luego de la dictadura otro de los “muertos vivientes”, hasta que desde el año 2005 es motorizado por actores sociales y políticos que defendieron históricamente la herramienta de la “colonización” y la “afectación” de las tierras (incluyendo a los colonos propietarios).

Los “Planes de manejos de suelos” implementados por el MGAP en en el año 2013 para la agricultura de gran escala no tocan la tenencia de la tierra, pero obligan algunas medidas de cuidado del recurso, alcanzando  en 2013 a regular el 8% de la superficie productiva nacional, con un sistema de rotaciones.

Extrañamente una parte de la oposición conservadora ha aprobado en los gobiernos departamentales algunas medidas preventivas de defensa de la soberanía, (prohibiendo o limitando la megaminería y el fracking) mediante la utilización de “Medidas cautelares” o por la aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial que habilita a los Gobiernos locales a ejercer una especie de “legislación” Departamental mediante “Directrices”, como los casos de Tacuarembó, Lavalleja, San José y Paysandú (alcanzando el 26% del territorio nacional).

Sin embargo al igual que la ley nacional que limitará la futura compra de tierras por parte de Estados extranjeros, estas herramientas de ordenamiento defienden la soberanía nacional con regulaciones preventivas que no tocan intereses ya instalados. Por lo tanto tendriamos que subrayar que desde la reapertura democrática hasta la actualidad los gobiernos de partidos tradicionales han jugado contra la función social de la tierra y a favor de las sociedades anónimas ya instaladas, principalmente de las empresas forestales que al día de hoy cubren 1.000.000 de há (6% del país productivo).[5]

También hay que destacar que el Gobierno nacional no avanzó en la explotación del hierro del Proyecto “Valentines” de Aratiri”, que abarcaría 30.000 há, pese a haber impulsado la promoción de una legislación favorable a la minería de gran porte. Sin embargo ya existe en la zona de Cerro Chato-Valentines un negocio que sí está instalado: la compra/venta de tierras y su uso irregular. Se estima en 12.000 há la superficie que han comprado las sociedades anónimas del latifundio Aratirí hasta el momento,[6] con la misma fiebre especulativa que las empresas de oro y hierro en Minas de Corrales y Zapukay (Rivera) compraron y vendieron tierras sacando gente del campo, y con un alto porcentaje de uso de esos campos  con Declaraciones Juradas de animales de forma irregular. Recordamos que de las 30.000 há de superficie del futuro Distrito Minero del Proyecto “Valentines” el 81% de los predios pedidos eran establecimientos menores a las 500 há, no eran la expresión del histórico latifundismo.[7]

¿Cómo es posible que agentes políticos de la oposición conservadora defiendan a sus Departamentos de la megaminería y al mismo tiempo apoyen la “desafectación” de las 180.000 há que eran de los colonos propietarios y ahora son de las Sociedades Anónimas que pleitean al INC?.[8] O ¿cómo es posible que estos mismos agentes políticos de la oposición apoyen todos los recursos de inconstitucionalidad para que los grandes latifundios no paguen impuestos a la concentración de la tierra?.

 

2- ¿Colonización o reforma agraria?

A partir de la década de los ’90 la “reforma agraria” [9] no formó parte de las plataformas del Partido Nacional ni del Frente Amplio. El último gobierno del Partido Colorado intentó cerrar el Instituto Nacional de Colonización, resistido por la izquierda, los asalariados y productores familiares. Los sindicatos rurales y sus aliados, con el apoyo del PIT-CNT han sido quienes mantuvieron encendida la llama de la reforma agraria, lo que no fue un obstáculo para que los trabajadores rurales organizados colaboraran en promover la “función social de la tierra” a través del INC.

El 19 y 20 de octubre del año 2002, en el Encuentro de Trabajadores Asalariados Rurales se acordaba la “Propuesta de Reforma Agraria de sindicatos de Trabajadores Asalariados Rurales”, donde se exigía un proceso que asegurara:

 

  • Que la tierra, el agua y la semilla son bienes pertenecientes a toda la sociedad.
  • La autosuficiencia alimentaria para toda la población.
  • La generación de insumos para procesos agroindustriales de mayor valor agregado.
  • La generación de empleo y radicación permanente de la población en el campo.
  • La planificación de la producción a nivel nacional, y la complementación con los países del MERCOSUR y la región.
  • El desarrollo de tecnologías que respeten la naturaleza y conserven los recursos naturales para las futuras generaciones.
  • Desarrollo de Políticas adecuadas: de créditos, tecnologías apropiadas, comercialización y formas de Producción”.

En Septiembre de 2003, se fundó la Coordinadora de Asalariados Rurales en la Unidad Cooperaria Cololó No.1 (Depto.Soriano), que se  movilizó en Montevideo en noviembre de 2003 para frenar los intentos del gobierno de cerrar el INC por su déficit presupuestario. Los planteos del Encuentro del año 2002 son tomados literalmente tres años después dentro de la Plataforma del “1er. Congreso de la UNATRA  ‘Raúl Sendic-Julia Arévalo”, (realizado el 30/4/2005 en Salto), junto con “los instrumentos políticos a desarrollar en el proceso de Reforma Agraria”:

  • Mantenimiento y fortalecimiento del INC, instrumento creado por la ley 11.029 de 1948.
  • Incorporar a representantes de los trabajadores asalariados rurales y de la Asociación de funcionarios del INC, al directorio del mismo.
  • Convocatoria del PIT-CNT a Sindicatos rurales, Plenarios Intersindicales del Interior, Departamento de Agroindustrias de la Central de Trabajadores, AFINCO, y a todas las organizaciones sociales que compartan la necesidad de transformar las estructuras agrarias, a integrarse a trabajar para elaborar un Proyecto de Ley de Reforma Agraria a nivel Nacional” (UNATRA,30/4/2005).

Dentro del Departamento de Artigas en áreas cañeras y lecheras, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), sindicatos agroindustriales, así como agremiaciones de pequeños productores llevaron adelante una serie de reclamos y ocupaciones entre los años 2005 y 2012, mientras que asalariados rurales y pequeños productores ganaderos hicieron lo propio en el Departamento de Tacuarembó entre los años 2007 y 2008, desde el “Movimiento 10 de setiembre de 1815”.[10] El Movimiento por la Tierra calcula en unas 15.000 há las tierras recuperadas mediante diversas modalidades de luchas sociales bajo el gobierno progresista.[11]

Con el Frente Amplio en el gobierno, la incorporación y “recuperación” de tierras colonizadas, el acceso grupal[12] y el reconocimiento de los sindicatos rurales como adjudicatarios, formaron parte de la plataforma de las ocupaciones y diversas luchas por “tierra pal que la trabaja” localizadas en el interior que incidieron en la construcción de la agenda política del INC bajo el gobierno frenteamplista. Al mismo tiempo que las “Prioridades” definidas en los “Planes” del Directorio de colonización, las políticas de desarrollo rural y los Consejos de Salarios Rurales constituyeron oportunidades políticas en procesos asociativos de productores familiares y asalariados rurales para acceder a los campos y para la defensa de sus derechos.

 

3- ¿Emergencia social o re-colonización agraria?

La línea dominante del Gobierno frenteamplista con respecto al acceso a la tierra fue la de atender “la emergencia social”,  no la de repoblamiento de la campaña o la reforma agraria. En algunos espacios de la izquierda institucional se ha analizado la correlación de fuerzas negativas para impulsar cambios en las estructuras agrarias, y se ha optado por: “fortalecer al INC” como sinónimo de “reforma agraria”.

En el caso de las “explotaciones productivas directas” el promedio por colono para el uso de campos en proyectos grupales llega a las 60 há en ganadería, lo que representa una escala insuficiente, no una capitalización que garantice la sustentabilidad del productor y la próxima generación en el campo. Por lo tanto la atención de la “emergencia social” permite “complementar ingresos”, pero otorgando a cada colono la mitad de tierra que el INC ha otorgado promedialmente en los 65 años anteriores.

A este ritmo de incorporación de tierra se precisarían otros 65 años (el INC fue fundado en 1948) para atender la demanda de tierra en la estimación más conservadora que nos permiten hacer los datos oficiales y calculando en 100 há por solicitante de tierra, que es el promedio histórico del INC y al mismo tiempo una escala ganadera básica.

 

Superficie INC, cantidad de colonos y solicitantes de tierra

  • Superficie incorporada al INC (2005-2014): 81.234 há
  • Superficie colonizada (1948-2014):  576.576.há
  • Incorporación de colonos (2005-2014): 1400 [13]
  • Cantidad de colonos: 5.000
  • Solicitantes de tierra: 5260 (estimado x año 2006)[14]

 

Colonos con escala insuficiente en “Explotaciones directas” de ganadería grupal:

  • 428 (60 há/ colono)
  • Sub-total: 5.688 solicitantes de tierra

Elaboración propia en base a http://www.colonizacion.com.uy/ y Observatorio de Política de Tierra http://ssq.com.uy/?cat=31.

Actualmente la incorporación de tierras del INC se financia con 30 millones de dólares anuales para la compra de tierras, provenientes de Rentas Generales y de una parte del Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR) que no fue sustituida por el Impuesto al Patrimonio.  Se discute en el parlamento la creación del “Fondo Nacional de Colonización” que abre un fideicomiso financiero donde se tomarían préstamos de “ahorro nacional” (AFAPs u otras entidades) para la adquisición de tierras de hasta 100 millones de dólares a un 4% de interés. Esto permitiría adquirir una superficie total de casi 30.000 há más de tierras en 25 años a los precios actuales, por lo que el promedio de años que exigiría atender la demanda sería un tanto mejorado sin cambiar la tendencia señalada.

Atendiendo a la “emergencia social” sin estimular la organización y movilización de la demanda de tierra difícilmente se logre aumentar la carga impositiva al latifundio y al agronegocio, o sea mejorar la correlación de fuerzas en el campo, que permita una re-colonización agraria en la línea planteada por los trabajadores rurales organizados.

[1]            Comisión Nacional de Fomento Rural organizó diversos encuentros sobre el tema: http://www.cnfr.org.uy/

[2]            Ver http://ssq.com.uy/?p=599

[4]            Unos 7946 establecimiento (18%) mayores a 500 ha controlan el 78% de la tierra, mientras que 24931 (55%) de predios menores a 100 ha  controlan una superficie: 737260 há (4,5% del país) según el CGA 2011.

[5]            “Por concepto de subsidios a la plantación, el Estado aportó U$S 94,5 millones http://servicios.elpais.com.uy/suplemento/agropecuario/plantados-y-preocupados/agrope_620556_120125.html Aunque también la empresa Montes del Plata SA (250.000há) ha sido exonerada por el gobierno actual del Impuesto al Patrimonio por 30 años.

[6]              Se puede documentar con información catastral la compra-venta de unas 8.303 há a favor de sociedades anónimas de Minera Aratirí (2010-2013), ubicando el 80% de la misma  dentro del “Complejo Minero”, y distribuida en 5974 há en Durazno y 2329 há en Florida.(DINAMIGE, 19/12/2013).

[8]              Actualmente aún se discute, un Proyecto de Ley que en diciembre de 2013 el Partido Nacional ingresó que pretende desafectar las 180.000 há restantes de colonización que no cancelaron sus créditos ni escrituraron antes de 1948, en base a una Sentencia de inconstitucionalidad del Artículo 5 de la Ley 18.756, declarada por la Suprema Corte de Justicia. “Enajenación, gravamen y actos de dominio sobre parcelas que integran las colonias enajenadas por la comisión asesora de colonización o la sección fomento rural y colonización del Banco Hipotecario del Uruguay”, disponible en: http://www.parlamento.gub.uy/repartidos/AccesoRepartidos.asp?url=/repartidos/camara/d2013121288-00.htm

[9]          Es ineludible hablar en Uruguay de Reforma Agraria (de una re-organización masiva del campo en pocos años) sin considerar el planteo de la CIDE de 1963 sobre la modificación de las estructuras agrarias como eje del desarrollo nacional, que implicaba la expropiación de más de 3 millones de hectáreas para su re-distribución, la concentración parcelaria de los minifundios y la limitación de la extensión de la propiedad de la tierra según diversas zonasVer http://www.republica.com.uy/a-50-anios-de-la-cide/

[10]         En los Departamentos de Cerro Largo, Rivera y Tacuarembó se movilizaron productores a raíz del avance de los proyectos de explotación minera de gran porte en el período 2010-2013, con participación de actores rurales de diversas regiones y abarcando un abanico diverso de sectores sociales. Ver:http://www.extension.edu.uy/sites/extension.edu.uy/files/contrapunto_numero_2_junio_todo.pdf

[11]             Ver: http://porlatierra.blogia.com/

[12]             El Directorio del INC 2005-2014 llevó a 100 los emprendimientos colectivos de “explotación productiva directa”.

[13]            En junio de 2013 se publica que son 1033 las familias “beneficiadas” entre 2010-2013. http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/despedida-andres-berterreche-inc-balance-gestion

[14]           Ver http://ssq.com.uy/?cat=31 .El dato de solicitantes de tierras es el último que fue pública y formalmente manejado por autoridades del INC, fue tomado de la publicación del Seminario Taller “Colonización para el desarrollo productivo y social” del año 2006. Sobre el “Fondo de colonización” la actual presidenta del INC señaló “En cuanto a la capacidad que tenemos para satisfacer la demanda actual, puedo decir que del listado de aspirantes a colonos estamos dando respuesta a un 30% de todos los grupos que se presentan. Si hiciéramos una visión parcializada del fideicomiso estaríamos, tal vez, teniendo oportunidad de respuesta para otro 20% o 30%.” (Jaqueline Gómez, 10/4/2014). http://www.parlamento.gub.uy/indexdb/Distribuidos/ListarDistribuido.asp?URL=/distribuidos/contenido/senado/S20142686.htm&TIPO=CON

http://www.mateamargo.org.uy/index.php?pagina=notas&seccion=la_ronda_del_mate&nota=626&edicion=23

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2 Respuestas a “La política de tierra en Uruguay 199 años del Reglamento Artiguista

  1. Gracias por compartir este documento, estos documentos junto con nuestra visión de “politica” respecto de la tierra-territorio y territorialidad, temas sobre los cuales nos debemos un análisis serio y detallado…en virtud de que nosotros tenemos una nacionalidad por herencia genética, y otra -la uruguaya- por herencia maldita…pero la verdad es que nunca la Nación Charrúa fue uruguaya..ni lo vamos a ser los que tenemos claro cómo es que estas cosas se “cocinan” en las “mesas políticas”…Un abrazo.

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