Lavalleja habló; NO A LA MEGA MINERÍA!


 

La iniciativa de la Junta Departamental de Lavalleja de declarar a su departamento “libre de minería metalífera a cielo abierto” constituye una decisión política oportuna, pues promoverá la discusión en la sociedad uruguaya, de un tema clave que está pendiente: cómo encauzarnos en un modelo de desarrollo que sea sustentable.

Porque más allá de cuál sea el efecto jurídico que tenga esta decisión a nivel nacional, es evidente que la megaminería –como una experiencia nueva para el país- exige cautela, equilibrio y sobre todo apertura. No tomar en serio las numerosas movilizaciones sociales que se vienen realizando desde hace tiempo en distintas zonas del territorio nacional, sería injusto e irresponsable.

Es que casi desde el principio en que se planteó el interés privado de explotar el yacimiento de hierro en la zona de Cerro Chato, las principales figuras del Gobierno nacional se adelantaron a anunciar que se aprobaría, mucho antes de que se de cumplimiento de todos los pasos previstos por las disposiciones vigentes en la materia.

Habrá que ver si la Intendencia de Lavalleja comparte la declaración de la Junta y prohíbe las actividades mineras a cielo abierto, a través de un instrumento de ordenamiento territorial; atribución que le confiere la última ley aprobada de ordenamiento del territorio.

En ella le confiere competencias a las Intendencias de prohibir actividades por cuestiones ambientales o de territorio, invocando razones ecológicas, paisajísticas, ambientales en general, o aún por modelos de desarrollo departamental.

Hay que tener presente que las actividades mineras de gran porte a cielo abierto , como es el caso de Aratirí, tienen efectos directos y cuantitativamente significativos sobre el suelo, el agua (superficial y subterránea), el aire, la fauna y la flora de una amplia zona alrededor de cada cráter provocado.

 

A partir de una eventual norma local restrictiva de la minería se iniciará una pulseada en el terreno de la jurisprudencia, para determinar de qué manera se aplican en Lavalleja el Código Minero y las disposiciones departamentales, para aquellos casos de explotaciones mineras de metales a cielo abierto que se presenten.

Lo concreto es que este singular accionar de la Junta Departamental tiene hoy un indiscutible peso político debido al respaldo social que lo apuntala.

Desde el sector oficial se intenta descalificar estas decisiones y movilizaciones, señalando que responden a intereses políticos ocultos, a fundamentalismos ambientales y también a desinformación técnica y científica. Son los mismos voceros que reivindican la importancia de las expresiones ciudadanas cuando son afines a sus intereses, y que tampoco tienen empacho en anunciar la autorización de grandes y polémicos proyectos, bastante antes de disponer de los informes técnicos básicos de sus propios ministerios.

El país está en una etapa de importantes definiciones en materia de desarrollo, por la magnitud de los emprendimientos y sus influencias sobre las próximas generaciones.

Resulta inadmisible que predomine el apresuramiento y se subestime el interés general. De confirmarse, es probable que haya otro plebiscito en las próximas elecciones nacionales. 

http://www.elpais.com.uy/opinion/lavalleja-hablo.html

 

La conferencia de prensa que dieron ayer los compas del colectivo Tacuarembó por la Vida y el Agua, como respuesta a la arbitraria negativa de la Corte Electoral a la iniciativa avalada por 13.000 firmas, de impulsar el plebiscito departamental para prohibir la megaminería en el departamento.
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