¿Y después de la minería, qué?


Nuestro país está tomando decisiones trascendentales para el futuro de su gente. La nueva ley de megaminería, elaborada y aprobada en un intento de solucionar los múltiples problemas que está generando la solicitud de explotación de hierro del proyecto Aratirí, demuestra de antemano que no alcanzará ese objetivo. Sobre todo, porque no incluye nuevos requisitos que ayuden a prevenir algunos de los aspectos más criticados que caracterizan a estos emprendimientos de gran porte.

Por ejemplo, su texto omite imponer exigencias específicas de recuperación de los predios dañados por la actividad extractiva. Este punto resulta de vital importancia si recordamos que se trata de actividades de muy alto impacto ambiental y ecológico que, al retirarse de la zona de explotación, dejarán diversos daños incluidos inmensos cráteres dónde actualmente se aprovechan campos fértiles. Las perspectivas son muy desalentadoras.

Por un lado el Presidente de la República ha manifestado a los medios que en el caso de la zona de Cerro Chato, al finalizar la extracción, la minera se retirará dejando las zonas afectadas recuperadas. Por su parte la empresa (mucho más realista) habla de que “las mejoras” post extracción metalífera se realizará naturalmente, cuando la lluvia llene con agua esos gigantescos cráteres; un proceso que podría insumir ¡ochenta años! La ley debería especificar la exigencia de medidas de protección, mantenimiento, rehabilitación, restauración y mejoramiento —según el caso— para garantizar la conservación de los ecosistemas en juego.

Al no existir estas exigencias elementales, nada podrá impedir que la realización de cualquier proyecto de minería de gran porte en Uruguay, se transforme en un ejemplo de privatización de las ganancias y socialización de grandes pérdidas. Tras el retiro de la empresa minera quedará un pasivo ambiental imposible de absorber por la sociedad. Será una pérdida permanente con la cual deberán convivir las actuales y futuras generaciones, salvo que el Estado nacional, en algún momento esté dispuesto a costear las medidas de restauración, rehabilitación y mejoramiento que debió realizar la propia empresa en su momento.

¿Por qué se omitieron estas exigencias básicas del nuevo marco legal aprobado por el oficialismo? ¿Por qué no se promovió un debate público sobre el asunto? Deberían responder los legisladores que levantaron la mano y los jerarcas del Ejecutivo que promovieron su redacción. Queda claro que con el imperio de estos requisitos en la ley la ecuación económica de los inversionistas cambiaría de manera sustancial, requiriendo de yacimientos muy ricos para garantizarles la rentabilidad que procuran –a saber, no existentes en Uruguay.

Cuando se habla de desarrollo y crecimiento del país, más que nunca deberíamos ir al fondo conceptual del asunto. No se puede permitir la realización de actividades —del porte que sea— que estén reñidas con los principios básicos de la conservación. Esto que parece tan elemental, en los hechos suele pasar desapercibido, cuando las promesas de inversiones encandilan a los tomadores de decisiones y se conforman con realizar una mirada superficial de las propuestas.

http://www.elpais.com.uy/opinion/despues-mineria-que.html?fb_action_ids=10201590221496464&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210201590221496464%22%3A216067028567497%7D&action_type_map=%7B%2210201590221496464%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D

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