La alianza de mineras, gobernadores y financistas, el juego del imperio


Cuando hablamos de la minería en la Argentina de hoy debemos tener en cuenta algunos elementos centrales de este tema mucho más allá de la cuestión meramente económica. En las últimas décadas en toda América Latina la minería vuelve a desempeñar el rol que tuviera en siglos pasados y que tan brillantemente describiera Eduardo Galeano en sus “Venas abiertas de América Latina”. La significancia política de esta actividad atraviesa en muchas direcciones la realidad de todos los países donde las grandes empresas hacen las veces de cabecera de playa de una invasión disfrazada de inocente inversión en alianza con capitales buitres especulativos. Las mineras, desembarcan tomando posesión territorial, comprando leyes, corrompiendo políticos y digitando comunidades enteras en una nueva versión, siglo XXI, de la conquista registrada hace mas de 500 años en todo el subcontinente.

Fuente: El Periódico de Tucumán

La historia de la minería en el mundo es una historia de sistemática violación de los derechos humanos, de destrucción medioambiental, de explotación del suelo y de los pueblos, muy ligada al delito, al contrabando, al crimen, a la esclavitud. Es una historia negra de la historia.

No solamente se trata de una explotación irracional de los recursos naturales sino de una estrategia a largo plazo de transformación de la república en dócil instrumento de los designios imperiales. Como ejércitos de ocupación de nuevo cuño, construyen un Estado dentro de otro Estado. En las minas como La Alumbrera las reglas que rigen son las de la empresa, los ciudadanos no pueden ingresar allí con libertad, pierden sus derechos sobre el suelo, el subsuelo, el aire y hasta se transforman en rehenes de la actividad minera y terminan viviendo de la riqueza que se derrama de la extracción del oro maldito obnubilando conciencias por medio de la pérdida de identidades culturales, costumbres y modos de vida. Se trata de una corrosiva penetración que junto con el medio ambiente destruye el paisaje humano, su riqueza y su dignidad.

Algunos políticos ya dicen que los ciudadanos que se oponen a la mega minería, (a quienes llaman despectivamente ambientalistas) se oponen al progreso, a más fuentes de trabajo. La minería es la más dañina de las expresiones de la economía extractiva de la que América Latina es víctima desde la conquista. Es la economía de apropiación típica de piratas y bucaneros. No se genera riqueza sino que la actividad se limita a apropiarse de la riqueza de los demás. Es la forma de enriquecerse de los países “guerreros”, se apoderan por la fuerza de lo que desean.

Esta es, en buena medida, la historia de casi todos los países desarrollados. Por eso sus puestos de trabajo son pan para hoy y hambre del mañana. La cultura genuinamente productiva de los lugares donde se instalan las mineras es destruida por la actividad que al cabo de 10 o 15 años desaparece y deja regiones enteras sin medios de vida, sin su cultura ancestral y a la deriva sin posibilidad de retorno, por razones culturales y ambientales, a sus modos de producción anteriores a la invasión. La minería es sólo producción cuando es origen de materia prima para nuestra propia industria generando, ahí si, puestos de trabajo y cultura productiva para el futuro. La entrega de las riquezas del suelo a las multinacionales no es en realidad una industria, es saqueo. Tal y como la especulación financiera y los capitales golondrinas. Vienen, esquilman, y se van cuando ya no queda nada. Sólo el socavón. Ni agua para tomar.

Si alguna vez hay un verdadero debate nacional sobre este tema, no es en realidad sobre medio ambiente solamente. Más que nada es sobre cultura, sobre proyecto de país, sobre ciudadanía y democracia. Como dicen los ciudadanos de Famatina. “Simplemente elegimos seguir viviendo como hasta ahora”.

Muy distinto es el caso de La Alumbrera y los Valles Calchaquíes. Allí el daño ya esta hecho y lo que hay que debatir es que se hará cuando la minera se retire. Asignar los pobres beneficios de la actividad extractiva, si es que queda alguno, a reconstruir esa sociedad descalabrada. No es suficiente que la mina se retire, ya no.

Sin embargo, si es urgente impedir la entrada en actividad de los más de 100 proyectos mineros en danza. Como hacen en Famatina. Y si hay algo para explotar con sustentabilidad y respeto por el ambiente, hacerlo para nuestra industria, para nuestro desarrollo, para lo que si puede llamarse verdaderamente progreso.

Qué es lo que compra el oro maldito

En el caso de Minera Alumbrera, la historia no sólo demandará su responsabilidad a la UNT y sus funcionarios, todos vilmente corrompidos por las migajas de la opípara mesa de las empresas, sino también a por lo menos tres gobernadores que, sin distinguirse, entregaron la provincia a este moderno ejército invasor. Las leyes mineras argentinas se promulgaron durante la presidencia de Carlos Ménem y el fue el primer “facilitador” del ingreso de estos ejércitos predadores. Pero Antonio Domingo Bussi, Julio Miranda y José Alperovich en sucesión continua, se ocuparon convenientemente de disponer tantas resoluciones como la minera necesitó para perfeccionar y consolidar su dominación.

En primer lugar el entonces ministro de la Producción Franco Augusto Fogliata mediante Resolución Ministerial designó como Autoridad de Aplicación de los temas ambientales derivados de la Minería a la entonces Dirección de Minería. Todo este procedimiento fue convalidado por el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 551/3 del 3 de abril de 1996. En ese momento el titular de la Dirección de Minería fue el geólogo Hernando Lisiak. Lisiak luego de dejar el cargo de Director de Minería fue nombrado como Gerente de Asuntos Corporativos de Minera Alumbrera.

Luego se atacó por el lado de las leyes, decretos y resoluciones. Una primera movida partió del mismo General Bussi que “invitó” al entonces secretario de Medio Ambiente de la Provincia Ing. Hugo Bardera y al entonces titular de la Dirección General de Saneamiento Ambiental Ing. Juan Carlos Luján a cambiar algunos parámetros físico –químico en la Resolución Nº 1219-CPS-85. En efecto, en esta última se establecía que el elemento arsénico no debía pasar de un valor de 0,05 miligramos por litro de agua. Luego de la “sugerencia” del gobernador Bussi el valor de arsénico se hace “más permisible” y pasa a ser de 0,5 miligramos por litro (¡se le sacó un 0! Haciéndolo 10 veces mayor), y así nace la resolución 1219-CPS-97. O sea, se flexibiliza a favor de alguna empresa sin duda, y ¡oh casualidad! la única que podría tener arsénico en sus efluentes era precisamente Minera Alumbrera.

Esta última resolución “además” expresa que el parámetro denominado Conductividad Eléctrica “se estudiará y se definirá según el caso”. Aquí conviene recordar que la conductividad eléctrica de un efluente es el primer síntoma de que puede haber contaminación inorgánica, como es el caso de Minera Alumbrera, ya que valores altos de conductividad indican una contaminación por algún elemento químico.

No conforme con esta “adecuación” de la ley a favor de la Empresa Minera Alumbrera y sobre todo porque los valores de conductividad eléctrica seguían apareciendo con valores muy altos, lo que indicaba a todas luces un alta contaminación, se dio el siguiente paso: adecuar los valores de la conductividad: Con fecha 28 de Julio de 1997 el Director de Medio Ambiente de la Pcia Ing. Hugo Bardera contesta una nota al entonces Director de Saneamiento Ambiental Lic. Juan Carlos Luján que “…esta de acuerdo con su criterio de flexibilizar el límite admisible del parámetro conductividad para efluentes industriales…” (Expte Nº 638-620 del 21 de Julio de 1997) y aclara que esto era a los efectos de vuelco de los efluentes de Minera Alumbrera.

Luego, durante el gobierno de Julio Miranda y como la minera seguía violando los niveles dispuestos en las resoluciones del Siprosa, el entonces ministro Juan Masaguer dicta una nueva resolución Nº 1265/CPS. En ella se vuelven a cambiar los máximos establecidos dejando sin efecto todas las resoluciones anteriores y ya en clara violación de la Ley Nacional que establece parámetros mucho más estrictos. Tucumán, sin tener minas, se transforma así en la Republiqueta Minera que hoy es, cosa que fuera denunciada en la Legislatura local con abundante documentación por el ex legislador y presidente de la Comisión de Medio Ambiente Alejandro Sangenis. Nadie escuchó.

Sin embargo y no obstante todas las concesiones de Bussi y Miranda, la minera seguía violando las disposiciones medioambientales del Siprosa. Alperovich y su Ministro Juan Manzur, hoy nada menos que Ministro de Salud de la Nación, terminan con la sucesión de cambios con una corta resolución, la Resolución Nº 937/SPS. Fiel a los principios de administración empresario-gubernativa, básicamente esta resolución establece la permanente excepción para Minera Alumbrera dejando sin efecto los valores límite de contaminación establecidos por la resolución de Masaguer, el ministro de Miranda. Alperovich y Manzur logran por fin una resolución que garantiza incluso la violación permanente de leyes nacionales con simples disposiciones ministeriales de la provincia.

Como se ve, la universidad tiene cómplices fieles. No es casual la productiva sociedad política Cerizola-Alperovich, es una sociedad con muchos ceros a la cual le hacen honores los ex rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano. Eso explica también que un hombre del peronismo menemista como Florencio Aceñolaza haya sido Secretario General de la UNT . Peronista en la supuesta universidad radical.

Aceñolaza es un geólogo tenido por el hombre que mas sabe de minería en Tucumán y uno de los pocos que en el Congreso tenía idea clara de lo que se estaba votando cuando se entregó el patrimonio a las empresas extranjeras. La identidad peronista o radical no cuenta a la hora de enrolarse en el ejército mercenario de las mineras. Sólo basta apuntar que en la declaración de bienes de Fernando De La Rúa, el monto mayor de su patrimonio pertenece a acciones mineras.

Como se ve, las empresas multinacionales todas, pero en especial las empresas mineras, cumplen no solamente la función de esquilmar los recursos naturales sino además la de corromper tan profundamente el sistema político que puede equiparársela al narcotráfico. El manejo de enormes sumas de dinero y la necesidad de desmantelar las instituciones para que el negocio sea posible los transforma en el sector ideal por medio del cual se contamina por dentro una república. No sólo el medio ambiente.

Según la ley menemista, las mineras “blanquean” su extracción por declaración jurada. Es decir, no existen controles legalmente establecidos. Disponen por tanto, al igual que el narcotráfico, de enormes cantidades de dinero negro para comprar presidentes, gobernadores, diputados, senadores, legisladores, y por supuesto comprar también el silencio de la prensa.

La heroica resistencia de los ambientalistas deberá incorporar elementos mucho más políticos si pretende algún éxito. En primer lugar no será el Consejo Superior de la UNT ni sus autoridades las que resuelvan nada a su favor.
Los privilegios de los cargos ya están vendidos tal y como sucede con las autoridades provinciales. Sus patrones no somos nosotros, los ciudadanos. Son ellos, las mineras, los Call Center o cualquier empresa que tenga la necesaria moneda de cambio, los que sancionan leyes y redactan decretos y resoluciones. Es el poder el que debe cambiar de manos.

La alianza

La historia que contamos hace tiempo desde este espacio de la compleja trama de entidades financieras que registran en nuestro país una larguísima sucesión de hechos que la relacionan con el poder político no es una historia Argentina. Es parte de la historia universal y muy ligada a la economía extractiva y la especulación financiera en todas partes del mundo.

Sucede que el meneado fondo es una garantía para la reestructuración y canje de la deuda externa para cuyo manejo y administración fue contratado el banco inglés Barclays Bank, el principal accionista institucional de la firma Desire Petroleum y accionista de Borders & Southern Petroleum. Oh casualidad! Ambas son firmas concesionarias de la explotación petrolera en Malvinas y dueñas de la isla flotante que tanto ruido causara. Junto al Barclays Bank, operaran el City Bank y el Deutche Bank, dos entidades con numerosos negocios en la Argentina. Entre ellos, una estrecha relación con la firma Mercado Abierto Electrónico en la cual sus hombres comparten sillas de directorio con Arpenta S.A., Banco Macro, HSBC Bank, Banco Galicia, Banco Francés y hasta el propio Banco de la Nación Argentina.
Resumiendo, la reestructuración de la deuda argentina esta manos de un súbdito inglés que, por añadidura es inversor en la explotación petrolera en Malvinas, y sus socios tienen un largo prontuario de oscuros negocios en el país.

Ninguno de los sectores políticos o partidos que aparecen en la televisión de un lado u otro del mostrador tratando de sacar alguna ventaja son ajenos a la promiscuidad de la relación con la corona británica. Mientras vociferan a favor en contra del fondo de garantía exigido por los ingleses (Fondo del Bicentenario) han participado y participan sin renuencias de la política envolvente de los flemáticos bucaneros hoy montados en computadoras en lugar de galeones y fragatas.

La tercera firma involucrada en la explotación petrolera en Malvinas, Falkland Oil & Gas tiene atrás a la mayor minera del mundo, la australiana BHP Billiton, que a su vez busca desde 2008 cobre y oro en 40 mil hectáreas en la Provincia de Salta. La cuarta y restante, Rockhopper Exploration, de capitales alemanes, es asesorada por un banco de fuerte presencia en nuestro país, el HSBC.

El petróleo de Malvinas es sólo uno más de los despojos que sufrirá nuestro país. Estas firmas y financieras, todas entre sí entrelazadas, tienen intereses en mas de 110 proyectos mineros en la argentina bajo la protección de las leyes menemistas de los 90, la mirada indiferente de la actual administración, la complicidad de casi toda la así llamada oposición y la invalorable colaboración de académicos y universidades argentinas como la UNT. Las empresas explotadoras son en su mayoría canadienses, pero los capitales que son sus propietarios, por obra y gracia de la concentración globalizada, son ingleses, norteamericanos, japoneses, en fin, no tienen bandera alguna.

El petróleo de Malvinas es nada comparado con el verdadero aniquilamiento que sufrimos a manos de las mineras sin ninguna alharaca de los políticos y bajo la protección de Gendarmería Nacional.

¿Nos harán jugar a los ciudadanos otra vez el juego del conflicto nacionalista? Así dice la prensa inglesa, que opera al consuno con el Foreign Office. Mientras, la prensa argentina, que también parece trabajar para ellos, nos manipula y oculta la verdadera información. Todos los días noticias sobre Malvinas y, superficialmente, la protesta ambientalista. Pero ni una sola línea sobre los ejércitos mineros de ocupación y desguace y sus socios del mundo de la especulación financiera. Y son los mismos. Pero a estos los tenemos en nuestro continente, en nuestras rutas, en nuestras casas. Usando nuestra agua, mandando al infierno el ambiente sano del que debieran gozar nuestros nietos. Todo es juego de ellos, del imperio. ¿Y nuestro juego? En Malvinas y aquí, en el continente, debiéramos tener otra letra para cantar, otra música para tocar. Y no la habrá en tanto no comprendamos que debemos atender a este Don Pirulero para no pagar la prenda.

http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-general/la-alianza-de-mineras-gobernadores-y-financistas-el-juego-del-imperio

MIENTRAS EN URUGUAY…

Parlamento

Comisión (Vende patria)aprobó por amplia mayoría proyecto sobre minería de gran porte

La Comisión sobre la minería de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley que regula la actividad minera de gran porte. La iniciativa contó con los votos de los legisladores del Frente Amplio, Partido Colorado y Unidad Nacional, se opusieron Alianza Nacional y Aire Fresco.

Sábado 06 de abril de 2013 | 18:41

El proyecto original contó con un acuerdo “multipartidario” y el Ejecutivo lo remitió al Parlamento sobre fines de 2011. Sin embargo, días pasados el Frente Amplio presentó algunas modificaciones y la iniciativa se votó este jueves en general.

Si bien la iniciativa contó con un amplio respaldo, desde Alianza Nacional, el diputado Miguel Otegui, solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Minería “un plan director minero de ordenamiento territorial”.Cuestionó que el proyecto tiene “nombre y apellido”.

Por su parte, el diputado Álvaro Delgado (Aire Fresco), quien también votó en contra, recordó que el proyecto “surgió tras una larga historia vinculada a iniciativas de mega minería, particularmente algunos que habían comenzado sus etapas en el Uruguay.Tras la triple interpelación que Aire Fresco llevó a cabo en la Cámara de Representantes, el Poder Ejecutivo convocó una comisión multipartidaria para regular la minería de gran porte”.

En esa comisión, el Partido Nacional presentó un “documento votado por su Directorio con requisitos fundamentalmente ambientales, tributarios y de ordenamiento territorial, otorgando además mayores garantías a los superficiarios”.

“Luego de 11 meses el Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley, que tuvo dos modificaciones hasta llegar al definitivo”, dijo Delgado.

Tras recibir cerca de 20 delegaciones en el seno de la comisión, Delgado sostiene que la mayor constatación fue la “generación casi unánime de discrepancias y rechazos, frente a las críticas vertidas en la asesora por los grupos ambientalistas, la cámara minera, las gremiales rurales, la cátedra de derecho minero y  empresas mineras”.

El legislador sostiene que la habilitación para la minería a gran escala debe realizarse con una actitud “sumamente responsable y de protección ambiental, con garantías a productores agropecuarios, pero también con seguridad jurídica hacia las empresas mineras”.

Delgado insiste además, que deben elaborarse las directrices de ordenamiento territorial y medio ambiente en la etapa previa a la autorización, cosa no contemplada en el proyecto.

“Si bien es cierto que el proyecto de Ley contempla varios aspectos acordados en la comisión multipartidaria, existen otros que no han sido reflejados, o bien interpretado de maneras diferentes, además de haber propuesto nuevas reglamentaciones no acordadas en el seno de la multipartidaria”, expresó el legislador blanco.

Por ello Delgado propondrá textos sustitutivos a varios de los artículos votados, haciendo hincapié en las garantías ambientales, de ordenamiento territorial, y de seguridad jurídica, “aunque el partido de gobierno posea mayorías parlamentarias”.

Conveniencia política

En cambio, el diputado colorado Walter Verri (Vamos Uruguay), aseguró que este proyecto “es mejor que la nada”.

Dijo que si Alianza Nacional no quería este proyecto de Ley “lo hubiera dicho en la comisión multipartidaria”.

“Ellos firmaron el acuerdo hasta la última coma. Ahora Larrañaga cambia la posición por razones de conveniencia política, de cálculo electoral. Estamos cerca de la elección”, cuestionó Verri.

 
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