Megaminería “inconstitucional” para Federación Rural


La Federación Rural de Uruguay afirma que el proyecto de megaminería es contrario a los artículos de la Constitución de la República que remarcan la defensa del agua y el medio ambiente. La constitución afirma que la política de aguas estará basada en la “protección del medio ambiente” y deben “anteponerse” las razones de orden social a las de orden económico.

06.02.2013 | 20.41

Megaminería "inconstitucional" para Federación Rural

Reunidos con el fiscal Enrique Viana, los representantes de la Federación Rural llegaron a la conclusión de que el proyecto de ley que habilita la implantación de la megaminería en Uruguay es inconstitucional, al contradecir los artículos que prevén la defensa del medio ambiente y las aguas.

En concreto la Constitución establece que “la política nacional de aguas y saneamiento estará basada en el ordenamiento del territorio, conservación y protección del Medio Ambiente y la restauración de la naturaleza” además de en “la gestión sustentable, solidaria con las generaciones futuras, de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general”.

La Constitución también afirma que “los usuarios y la sociedad civil, participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”, y establece que “el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico”.

Manuel Bettega, vicepresidente de la federación, creada para defender los intereses agrarios, afirmó que no prevén presentar un recurso de inconstitucionalidad, pero se plantearían apoyarlo si otra institución lo hiciese.

El proyecto megaminero, como el puerto de aguas profundas y el mineroducto, están siendo en los últimos meses objeto de críticas desde sectores ecologistas, ciudadanos y movimientos de productores, quienes se oponen a estos megaproyectos que podrían comprometer el futuro ambiental del país.

“Uno de los mayores problemas, es que proyectos como el de Aratirí, que conspiran no solo contra la producción agropecuaria, sino fundamentalmente contra el medio ambiente, hace que otras empresas mineras que sí hacen bien las cosas se vean perjudicadas y condenadas frente a la opinión pública”, afirmó Bettega.

Por otra parte, en la tarde de este miércoles la comisión especial de Diputados se reunió con una delegación del Ejecutivo para tratar la actividad minera de gran porte. Asistieron el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, el subsecretario de Economía, Luis Porto, el director de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, y el asesor presidencial Pedro Buonomo.

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