Adhiero al petitorio de ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Estado uruguayo.


La OIT, desde su creación, en 1919, ha mostrado una
especial atención por la situación de los pueblos indígenas y
tribales. Así, en 1957, se adoptó un primer instrumento
internacional vinculante, el Convenio núm. 107 sobre
poblaciones indígenas y tribuales en países independientes
La Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en junio
de 1989, adoptó en forma tripartita -con participación de
Gobiernos, organizaciones de empleadores y de
trabajadores-, el Convenio núm. 169 sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes. En el proceso
de revisión del Convenio (1987-1989) también fueron
consultados y participaron un gran número de pueblos
indígenas y tribales.
La Conferencia observó que en muchas partes del mundo
estos pueblos no gozaban de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la
población en los Estados en que viven y que han sufrido a
menudo una erosión en sus leyes, valores, costumbres y
perspectivas. Los pueblos indígenas y tribales en América
Latina presentan, hoy en día, los peores indicadores
socioeconómicos y laborales y la discriminación laboral por
origen étnico o racial agrava las brechas de ingreso de
manera radical.
El Convenio representa un paso adicional en los esfuerzos
de la OIT para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales tendientes a la igualdad de oportunidades y
de trato para grupos que se encuentran en situación de
desventaja y exigen garantías mínimas de sus derechos
para lograr un tratamiento equitativo en las sociedades en
que viven.
La labor de la OIT en el ámbito de los pueblos indígenas y
tribales se divide principalmente en dos categorías:
adopción y supervisión de normas, y asistencia técnica y 7 Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes
capacitación a los pueblos indígenas y tribales y a los
Estados, para la consecución del goce pleno de los derechos
de tales pueblos.
El Convenio núm. 169 representa, sin dudas, el instrumento
jurídico internacional vinculante más completo que, en
materia de protección a los pueblos indígenas y tribales, se
haya adoptado hasta la fecha, y su adopción constituye un
hito trascendental en la normativa internacional pertinente.
Este Convenio, junto a otros convenios de la OIT en materia
de protección de los derechos fundamentales en el trabajo
de los trabajadores y trabajadoras pertenecientes a estos
pueblos, busca la consecución y garantía del trabajo
decente, como uno de los paradigmas básicos para la
erradicación de la pobreza y de un desarrollo sustentable.
El Convenio núm. 169 propone conceptos básicos relativos
al respeto, al reconocimiento y a la participación de dichos
pueblos. El respeto a la cultura, idiomas, la religión, la organización social y económica, y a la identidad propia
constituye la premisa de la existencia perdurable de los
pueblos indígenas y tribales.
Este Convenio tiene dos postulados básicos: el respeto de
las culturas, formas de vida e instituciones tradicionales de
los pueblos indígenas, y la consulta y participación efectiva
de estos pueblos en las decisiones que les afectan. Estas
premisas constituyen la base sobre la cual deben
interpretarse las disposiciones del instrumento que fue
adoptado en 1989.
El Convenio garantiza el derecho de los pueblos indígenas y
tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las
tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de
controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo
económico, social y cultural. Es imprescindible que dichos
pueblos tengan la posibilidad de participar en la formulación,aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.
El Convenio reconoce la relación especial que tienen los
indígenas con las tierras y territorios que ocupan o utilizan de
alguna otra manera y, en particular, los aspectos colectivos
de esa relación.
Al ratificar un convenio de la OIT, un Estado miembro se
compromete a adecuar la legislación nacional y a desarrollar
las acciones pertinentes de acuerdo a las disposiciones
contenidas en el Convenio. Asimismo, se compromete a
informar periódicamente a los órganos de control de la OIT
sobre la aplicación en la práctica y en la legislación de las
disposiciones del Convenio y a responder a las preguntas,
observaciones o sugerencias de esos órganos de control.
El Convenio 169 entró en vigor el 6 de septiembre de 1991, y
a la fecha de esta publicación cuenta con diecinueve ratificaciones, en su mayoría de países latinoamericanos y
de varios países europeos, que en algunos casos han
adoptado el Instrumento para guiar su política de
cooperación internacional.
La OIT ha seguido muy de cerca y ha participado en
consultas relacionadas con la adopción de nuevos
instrumentos internacionales en materia de los derechos de
los pueblos indígenas. En la perspectiva de la OIT, el
Convenio núm. 169 forma parte de un proceso de desarrollo
de una cada vez más amplia gama de derechos de los
pueblos indígenas que se van definiendo y protegiendo a
nivel internacional.
Con la presente edición multilingüe del Convenio núm. 169,
la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe
se propone llegar a numerosos pueblos indígenas de las
Américas en su propio idioma, al mismo tiempo que
contribuir a un mayor acercamiento intercultural entre los
diferentes pueblos y entre éstos y los otros actores sociales,para la búsqueda integral de un trabajo decente para todas
las personas sin ninguna distinción. .
Jean Maninat Machado.
Director de la Oficina Regional de la OIT
Para América Latina y el Caribe
Diciembre de 2007. Lima, Perú.
1C169 Convenio sobre
Pueblos indígenas y tribales, 1989
Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países
independientes (Nota: Fecha de entrada en vigor:
05:09:1991)
Lugar: Ginebra
Fecha de adopción: 27.06.1989
Sesión de la Conferencia: 76
Sujeto: Pueblos indígenas y tribales
La Conferencia General de la Organización
Internacional delTrabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo,
y congregada en dicha ciudad el 7 junio 1989, en su
septuagésima sexta reunión;
Observando las normas internacionales enunciadas
en el Convenio y en la Recomendación sobre
poblaciones indígenas y tribales, 1957;
Recordando los términos de la Declaración Universal
de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
de los numerosos instrumentos internacionales sobre
la prevención de la discriminación;
Considerando que la evolución del derecho
internacional desde 1957 y los cambios sobrevenidos
en la situación de los pueblos indígenas y tribales en
todas las regiones del mundo hacen aconsejable
adoptar nuevas normas internacionales en la materia,
a fin de eliminar la orientación hacia la asimilación de las normas anteriores; Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a
asumir el control de sus propias instituciones y formas
de vida y de su desarrollo económico y a mantener y
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro
del marco de los Estados en que viven;
Observando que en muchas partes del mundo esos
pueblos no pueden gozar de los derechos humanos
fundamentales en el mismo grado que el resto de la
población de los Estados en que viven y que sus leyes,
valores, costumbres y perspectivas han sufrido a
menudo una erosión;
Recordando la particular contribución de los pueblos
indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la
armonía social y ecológica de la humanidad y a la
cooperación y comprensión internacionales;Observando que las disposiciones que siguen han
sido establecidas con la colaboración de las Naciones
Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación, de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización
Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista
Interamericano, a los niveles apropiados y en sus
esferas respectivas, y que se tiene el propósito de
continuar esa colaboración a fin de promover y
asegurar la aplicación de estas disposiciones;
Después de haber decidido adoptar diversas
proposiciones sobre la revisión parcial del Convenio
sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957 (núm.
107), cuestión que constituye el cuarto punto del orden
del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre poblaciones indígenas y
tribales, 1957, adopta, con fecha veintisiete de junio de
mil novecientos ochenta y nueve, el siguiente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales, 1989:
Parte I. Política General
Artículo 1
1. El presente Convenio se aplica:
a) a los pueblos tribales en países independientes,
cuyas condiciones sociales, culturales y económicas
les distingan de otros sectores de la colectividad
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por
sus propias costumbres o tradiciones o por una
legislación especial;
b) a los pueblos en países independientes,
considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la época de la
conquista o la colonización o del establecimiento de
las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que
sea su situación jurídica, conservan todas sus propias
instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas, o parte de ellas.
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal
deberá considerarse un criterio fundamental para
determinar los grupos a los que se aplican las
disposiciones del presente Convenio.
3. La utilización del término en este Convenio
no deberá interpretarse en el sentido de que tenga
implicación alguna en lo que atañe a los derechos que
pueda conferirse a dicho término en el derecho
internacional.
Artículo 2
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de
desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con
miras a proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas:
a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos
gozar, en pie de igualdad, de los derechos y
pueblos
oportunidades que la legislación nacional otorga a los
demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos
sociales, económicos y culturales de esos pueblos,
respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados
a eliminar las diferencias socioeconómicas
que puedan existir entre los miembros indígenas y los
demás miembros de la comunidad nacional, de una
manera compatible con sus aspiraciones y formas de
vida.
Artículo 4
1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar
plenamente de los derechos humanos y libertades
fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las
disposiciones de este Convenio se aplicarán sin
discriminación a los hombres y mujeres de esos
pueblos.
2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de
coerción que viole los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los pueblos interesados,
incluidos los derechos contenidos en el presente
Convenio.
1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se
precisen para salvaguardar las personas, las
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el
medio ambiente de los pueblos interesados.
2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias
a los deseos expresados libremente por los pueblos
interesados.
3. El goce sin discriminación de los derechos
generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo
alguno como consecuencia de tales medidas
especiales.

Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:
a) deberán reconocerse y protegerse los valores y
prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales
propios de dichos pueblos y deberá tomarse
debidamente en consideración la índole de los
problemas que se les plantean tanto colectiva como
individualmente;
b) deberá respetarse la integridad de los valores,
prácticas e instituciones de esos pueblos;
c) deberán adoptarse, con la participación y
cooperación de los pueblos interesados, medidas
encaminadas a allanar las dificultades que experimenten
dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones
de vida y de trabajo.

Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio,
los gobiernos deberán:
a) consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de
sus instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;
b) establecer los medios a través de los cuales los
pueblos interesados puedan participar libremente, por
lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de
decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;
c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los
casos apropiados proporcionar los recursos
necesarios para este fin.
2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas.

Artìculo 7
1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho
de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar
espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su
propio desarrollo económico, social y cultural.
Además, dichos pueblos deberán participar en la
formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente.
2. El mejoramiento de las condiciones de vida y de
trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos
interesados, con su participación y cooperación,
deberá ser prioritario en los planes de desarrollo
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas
regiones deberán también elaborarse de modo que
promuevan dicho mejoramiento.
3. Los gobiernos deberán velar por que, siempre que
haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con
los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia
social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente
que las actividades de desarrollo previstas puedan
tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos
estudios deberán ser considerados como criterios
fundamentales para la ejecución de las actividades
mencionadas.
4. Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación
con los pueblos interesados, para proteger y
preservar el medio ambiente de los territorios que
habitan.

Artìculo 8
1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración
sus costumbres o su derecho consuetudinario.
2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de
conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que éstas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema
jurídico nacional ni con los derechos humanos
internacionalmente reconocidos. Siempre que sea
necesario, deberán establecerse procedimientos para
solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicación de este principio.
3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no
deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer
los derechos reconocidos a todos los ciudadanos
del país y asumir las obligaciones correspondientes.

Artìculo 9
1. En la medida en que ello sea compatible con el
sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse
los métodos a los que los pueblos interesados recurren
tradicionalmente para la represión de los delitos
cometidos por sus miembros.
2. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse
sobre cuestiones penales deberán tener en
cuenta las costumbres de dichos pueblos en la
materia.

Artìculo 10
1. Cuando se impongan sanciones penales previstas
por la legislación general a miembros de dichos
pueblos deberán tenerse en cuenta sus características
económicas, sociales y culturales.
2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento.

Artículo 11
La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a
miembros de los pueblos interesados de servicios
personales obligatorios de cualquier índole,
remunerados o no, excepto en los casos previstos por
la ley para todos los ciudadanos.

Artículo 12
Los pueblos interesados deberán tener protección
contra la violación de sus derechos, y poder iniciar
procedimientos legales, sea personalmente o bien por
conducto de sus organismos representativos, para
asegurar el respeto efectivo de tales derechos.
Deberán tomarse medidas para garantizar que los
miembros de dichos pueblos puedan comprender y
hacerse comprender en procedimientos legales,
facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros
medios eficaces.

Parte II. Tierras
Artículo 13
1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del
Convenio, los gobiernos deberán respetar la
importancia especial que para las culturas y valores
espirituales de los pueblos interesados reviste su
relación con las tierras o territorios, o con ambos,
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra
manera, y en particular los aspectos colectivos de esa
relación.
2. La utilización del término en los artículos 15 y
16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los
pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra
manera.

Artículo 14
1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras
que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos
apropiados, deberán tomarse medidas para
salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a
utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente
acceso para sus actividades tradicionales y de
subsistencia. A este respecto, deberá prestarse
particular atención a la situación de los pueblos
nómadas y de los agricultores itinerantes.
2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean
necesarias para determinar las tierras que los pueblos
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y
posesión.
3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el
marco del sistema jurídico nacional para solucionar las
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados.

Artículo 15
1. Los derechos de los pueblos interesados a los
recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos
comprenden el derecho de esos pueblos a participar
en la utilización, administración y conservación de
dichos recursos.
2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad
de los minerales o de los recursos del subsuelo, o
tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos
interesados, a fin de determinar si los intereses de
esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida,
antes de emprender o autorizar cualquier programa de
prospección o explotación de los recursos existentes
en sus tierras. Los pueblos interesados deberán
participar siempre que sea posible en los beneficios
que reporten tales actividades, y percibir una
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Artículo 16
1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes
de este artículo, los pueblos interesados no deberán
ser trasladados de las tierras que ocupan.
2. Cuando excepcionalmente el traslado y la
reubicación de esos pueblos se consideren
necesarios, sólo deberán efectuarse con su
consentimiento, dado libremente y con pleno
conocimiento de causa. Cuando no pueda obtenerse
su consentimiento, el traslado y la reubicación sólo
deberá tener lugar al término de procedimientos
adecuados establecidos por la legislación nacional,
incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, en
que los pueblos interesados tengan la posibilidad de
estar efectivamente representados.
3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán
tener el derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que motivaron su
traslado y reubicación.
4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se
determine por acuerdo o, en ausencia de tales
acuerdos, por medio de procedimientos adecuados,
dichos pueblos deberán recibir, en todos los casos
posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto jurídico
sean por lo menos iguales a los de las tierras que
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir
a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro.
Cuando los pueblos interesados prefieran recibir una
indemnización en dinero o en especie, deberá
concedérseles dicha indemnización, con las garantías
apropiadas.
5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas
trasladadas y reubicadas por cualquier pérdida o daño
que hayan sufrido como consecuencia de su
desplazamiento.

Artículo 17
1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión
de los derechos sobre la tierra entre los miembros de
los pueblos interesados establecidas por dichos
pueblos.
2. Deberá consultarse a los pueblos interesados
siempre que se considere su capacidad de enajenar
sus tierras o de transmitir de otra forma sus derechos
sobre estas tierras fuera de su comunidad.
3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos
pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de
esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por
parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la
posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos.

Artículo 18
La ley deberá prever sanciones apropiadas contra
toda intrusión no autorizada en las tierras de los
pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos
deberán tomar medidas para impedir tales
infracciones.

Artículo 19
Los programas agrarios nacionales deberán
garantizar a los pueblos interesados condiciones
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la
población, a los efectos de:
a) la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos
cuando las tierras de que dispongan sean insuficientes
para garantizarles los elementos de una existencia
normal o para hacer frente a su posible crecimiento
numérico;
b) el otorgamiento de los medios necesarios para el
desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen.

Parte III. Contratación
y Condiciones de Empleo

Artículo1.
Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su
legislación nacional y en cooperación con los pueblos
interesados, medidas especiales para garantizar a los
trabajadores pertenecientes a esos pueblos una
protección eficaz en materia de contratación y
condiciones de empleo, en la medida en que no estén
protegidos eficazmente por la legislación aplicable a
los trabajadores en general.
2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su
poder por evitar cualquier discriminación entre los
trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados
y los demás trabajadores, especialmente en lo
relativo a:
a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados
y las medidas de promoción y de ascenso;
b) remuneración igual por trabajo de igual valor;
c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el
trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y
demás prestaciones derivadas del empleo, así como la
vivienda;
d) derecho de asociación, derecho a dedicarse
libremente a todas las actividades sindicales para fines
lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con
empleadores o con organizaciones de empleadores.
3. Las medidas adoptadas deberán en particular
garantizar que:
a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados, incluidos los trabajadores estacionales,
eventuales y migrantes empleados en la agricultura o
en otras actividades, así como los empleados por
contratistas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a
otros trabajadores de estas categorías en los mismos
sectores, y sean plenamente informados de sus
derechos con arreglo a la legislación laboral y de los
recursos de que disponen;
b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no
estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas
para su salud, en particular como consecuencia de su
exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;
c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no
estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos,
incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;
d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos
gocen de igualdad de oportunidades y de trato para
hombres y mujeres en el empleo y de protección contra
el hostigamiento sexual.
4. Deberá prestarse especial atención a la creación de
servicios adecuados de inspección del trabajo en las
regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos
interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las
disposiciones de esta parte del presente Convenio.

Parte IV. Formación Profesional,
Artesanía e Industrias Rurales

Artículo 21
Los miembros de los pueblos interesados deberán
poder disponer de medios de formación profesional
por lo menos iguales a los de los demás ciudadanos.

Artículo 22
1. Deberán tomarse medidas para promover la
participación voluntaria de miembros de los pueblos
interesados en programas de formación profesional de
aplicación general.
2. Cuando los programas de formación profesional de
aplicación general existentes no respondan a las
necesidades especiales de los pueblos interesados,
los gobiernos deberán asegurar, con la participación
de dichos pueblos, que se pongan a su disposición
programas y medios especiales de formación.
3. Estos programas especiales de formación deberán
basarse en el entorno económico, las condiciones
sociales y culturales y las necesidades concretas de
los pueblos interesados. Todo estudio a este respecto
deberá realizarse en cooperación con esos pueblos,
los cuales deberán ser consultados sobre la
organización y el funcionamiento de tales programas.
Cuando sea posible, esos pueblos deberán asumir
progresivamente la responsabilidad de la organización
y el funcionamiento de tales programas especiales de
formación, si así lo deciden.

Artículo 23
1. La artesanía, las industrias rurales y comunitarias y
las actividades tradicionales y relacionadas con la
economía de subsistencia de los pueblos interesados,
como la caza, la pesca, la caza con trampas y la
recolección, deberán reconocerse como factores
importantes del mantenimiento de su cultura y de su
autosuficiencia y desarrollo económicos. Con la
participación de esos pueblos, y siempre que hayalugar, los gobiernos deberán velar por que se
fortalezcan y fomenten dichas actividades.
2. A petición de los pueblos interesados, deberá
facilitárseles, cuando sea posible, una asistencia
técnica y financiera apropiada que tenga en cuenta las
técnicas tradicionales y las características culturales
de esos pueblos y la importancia de un desarrollo
sostenido y equitativo.

Parte V. Seguridad Social y Salud

Artículo 24
Los regímenes de seguridad social deberán
extenderse progresivamente a los pueblos
interesados y aplicárseles sin discriminación alguna

Artículo 25
1. Los gobiernos deberán velar por que se pongan a
disposición de los pueblos interesados servicios de
salud adecuados o proporcionar a dichos pueblos los
medios que les permitan organizar y prestar tales
servicios bajo su propia responsabilidad y control, a fin
de que puedan gozar del máximo nivel posible de
salud física y mental.
2. Los servicios de salud deberán organizarse, en la
medida de lo posible, a nivel comunitario. Estos
servicios deberán planearse y administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en
cuenta sus condiciones económicas, geográficas,
sociales y culturales, así como sus métodos de
prevención, prácticas curativas y medicamentos
tradicionales.
3. El sistema de asistencia sanitaria deberá dar la
preferencia a la formación y al empleo de personal
sanitario de la comunidad local y centrarse en los
cuidados primarios de salud, manteniendo al mismo
tiempo estrechos vínculos con los demás niveles de
asistencia sanitaria.
4. La prestación de tales servicios de salud deberá
coordinarse con las demás medidas sociales,
económicas y culturales que se tomen en el país.

Parte VI. Educación y Medios de
Comunicación

Artículo 26
Deberán adoptarse medidas para garantizar a los miembros
de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una
educación a todos los niveles, por lo menos en pie de
igualdad con el resto de la comunidad nacional.

Artículo 27
1. Los programas y los servicios de educación
destinados a los pueblos interesados deberán
desarrollarse y aplicarse en cooperación con éstos a
fin de responder a sus necesidades particulares, y
deberán abarcar su historia, sus conocimientos y
técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás
aspiraciones sociales, económicas y culturales.
2. La autoridad competente deberá asegurar la
formación de miembros de estos pueblos y su participación en la formulación y ejecución de
programas de educación, con miras a transferir
progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad
de la realización de esos programas, cuando haya
lugar.
3. Además, los gobiernos deberán reconocer el
derecho de esos pueblos a crear sus propias
instituciones y medios de educación, siempre que
tales instituciones satisfagan las normas mínimas
establecidas por la autoridad competente en consulta
con esos pueblos. Deberán facilitárseles recursos
apropiados con tal fin.

Artículo 28
1. Siempre que sea viable, deberá enseñarse a los
niños de los pueblos interesados a leer y a escribir en
su propia lengua indígena o en la lengua que más
comúnmente se hable en el grupo a que pertenezcan.
Cuando ello no sea viable, las autoridades
competentes deberán celebrar consultas con esos pueblos con miras a la adopción de medidas que
permitan alcanzar este objetivo.
2. Deberán tomarse medidas adecuadas para
asegurar que esos pueblos tengan la oportunidad de
llegar a dominar la lengua nacional o una de las
lenguas oficiales del país.
3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las
lenguas indígenas de los pueblos interesados y
promover el desarrollo y la práctica de las mismas.

Artículo 29
Un objetivo de la educación de los niños de los pueblos
interesados deberá ser impartirles conocimientos
generales y aptitudes que les ayuden a participar
plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia
comunidad y en la de la comunidad nacional.

Artículo 30
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones y culturas de los pueblos interesados, a
fin de darles a conocer sus derechos y obligaciones,
especialmente en lo que atañe al trabajo, a las
posibilidades económicas, a las cuestiones de
educación y salud, a los servicios sociales y a los
derechos dimanantes del presente Convenio.
2. A tal fin, deberá recurrirse, si fuere necesario, a
traducciones escritas y a la utilización de los medios de
comunicación de masas en las lenguas de dichos
pueblos.

Artículo 31
Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en
todos los sectores de la comunidad nacional, y
especialmente en los que estén en contacto más
directo con los pueblos interesados, con objeto de
eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto
a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos
por asegurar que los libros de historia y demás material
didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos
interesados.

Parte VII. Contactos y Cooperación a
Través de las Fronteras”

Artículo 32
Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas,
incluso por medio de acuerdos internacionales, para
facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos
indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas
las actividades en las esferas económica, social,
cultural, espiritual y del medio ambiente.

Parte VIII. Administración

Artículo 33
1. La autoridad gubernamental responsable de las
cuestiones que abarca el presente Convenio deberá
asegurarse de que existen instituciones u otros
mecanismos apropiados para administrar los
programas que afecten a los pueblos interesados, y de
que tales instituciones o mecanismos disponen de los
medios necesarios para el cabal desempeño de sus
funciones.
2.Tales programas deberán incluir:
a) la planificación, coordinación, ejecución y
evaluación, en cooperación con los pueblos
interesados, de las medidas previstas en el presente
Convenio;
b) la proposición de medidas legislativas y de otra
índole a las autoridades competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en cooperación
con los pueblos interesados.

Parte IX. Disposiciones Generales

Artículo 34
La naturaleza y el alcance de las medidas que se
adopten para dar efecto al presente Convenio deberán
determinarse con flexibilidad, teniendo en cuenta las
condiciones propias de cada país.

Artículo 35
La aplicación de las disposiciones del presente
Convenio no deberá menoscabar los derechos y las
ventajas garantizados a los pueblos interesados en
virtud de otros convenios y recomendaciones,
instrumentos internacionales, tratados, o leyes,
laudos, costumbres o acuerdos nacionales.

Parte X. Disposiciones Finales

Artículo 36
Este Convenio revisa el Convenio sobre poblaciones
indígenas y tribales, 1957.

Artículo 37
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 38
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo
cuyas ratificaciones haya registrado el Director
General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en
que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido
registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 39
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de
diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto
inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada,
para su registro, al Director General de la Oficina
Internacional delTrabajo. La denuncia no surtirá efecto
hasta un año después de la fecha en que se haya
registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y
que, en el plazo de un año después de la expiración del
período de diez años mencionado en el párrafo
precedente, no haga uso del derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá
denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en
este artículo.

Artículo 40
1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le
comuniquen los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el
registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención de
los Miembros de la Organización sobre la fecha en que
entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 41
El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las
Naciones Unidas, a los efectos del registro y de
conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre
todas las ratificaciones, declaraciones y actas de
denuncia que haya registrado de acuerdo con los
artículos precedentes.

Artículo 42
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo
presentará a la Conferencia una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia
de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 43
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio
revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones
contenidas en el artículo 39, siempre que el nuevo.

Resolución sobre la acción
de la OIT concerniente a los
Pueblos Indígenas y Tribales.

La Conferencia General de la Organización
Internacional delTrabajo:
Habiendo adoptado el Convenio revisado sobre
Pueblos Indígenas yTribales, 1989, y,
Decidida a mejorar la situación y condición de estos
pueblos a la luz de los habidos desde la adopción del
Convenio sobre Poblaciones Indígenas y Tribales
(núm. 107), y
Convencida de la contribución esencial que los
pueblos indígenas y tribales de las distintas regiones
del mundo hacen a las sociedades nacionales,
reafirmando así la identidad sociocultural de éstas, y Motivada por su firme deseo de apoyar la ejecución y
promoción de las disposiciones del Convenio revisado
(núm. 169);

Acción a nivel nacional

1. Invita a los Estados Miembros a que consideren la
ratificación del Convenio revisado a la mayor brevedad
posible, a cumplir con las obligaciones establecidas en
el Convenio y a ejecutar sus disposiciones de la
manera más efectiva;
2. Invita a los gobiernos a cooperar a este efecto con
las organizaciones e instituciones nacionales y
regionales de los pueblos interesados;
3. Invita a los gobiernos, las organizaciones de
empleadores y de trabajadores a iniciar un diálogo con
las organizaciones e instituciones de los pueblos
interesados respecto de los medios más adecuados para asegurar la ejecución del Convenio, y para
establecer mecanismos de consulta apropiados que
permitan a los pueblos indígenas y tribales expresar
sus puntos de vista sobre los distintos aspectos del
Convenio;
4. Invita a los gobiernos, las organizaciones de
empleadores y de trabajadores a promover programas
educativos, en colaboración con las organizaciones e
instituciones de los pueblos interesados, a fin de dar a
conocer el Convenio en todos los sectores de la
sociedad nacional, incluyendo programas que
consistirían, por ejemplo, en:
a) preparación de materiales sobre contenidos y
objetivos del Convenio;
b) información, a intervalos regulares, sobre las
medidas adoptadas para la aplicación del Convenio;
c) organización de seminarios concebidos para
promover una mejor compresión, la ratificación y la
ejecución de las normas contenidas en el Convenio.

Acción a nivel Internacional

5. Urge a las organizaciones internacionales
mencionadas en el preámbulo del Convenio y a otras
existentes, dentro de los recursos presupuestarios con
que se cuenta, a colaborar en el desarrollo de
actividades para el logro de los objetivos del Convenio
en sus respectivos ámbitos de competencia y a la OIT
a que facilite la coordinación de tales esfuerzos.

Acción a nivel de la OIT

6. Urge al Consejo de Administración de la Oficina
Internacional del Trabajo para que dé mandato al
Director General a fin de que lleve a cabo las
siguientes acciones, dentro de los recursos
presupuestarios existentes, y para que proponga que
se acuerden más recursos en los presupuestos futuros
para tales fines;
a) promoción de la ratificación del Convenio y
seguimiento de su aplicación;
b) ayuda a los gobiernos para el desarrollo de medidas
efectivas en la ejecución del Convenio con la plena
participación de los pueblos indígenas y tribales.
c) puesta a disposición de las organizaciones de los
pueblos interesados, de información sobre el alcance y
contenido de este Convenio, así como de otros
convenios que puedan tener relación directa con ellos,
y a que posibilite el intercambio de experiencias y el
conocimiento entre ellos;
d) refuerzo del diálogo entre los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores
respecto de los objetivos y contenidos del Convenio,
con la participación activa de las organizaciones e
instituciones de los pueblos interesados;
e) preparación de un estudio general, en su momento,
de conformidad con el articulo 19 de la Constitución de
la OIT, sobre las medidas adoptadas por los Estados
Miembros para la aplicación del Convenio revisado;
f) producción, análisis y publicaron de información
cuantitativa y cualitativa, significativa, comparables y
puesta al día sobre las condiciones sociales y
económicas de los pueblos interesados;
d) desarrollo de programas y proyectos de
cooperación técnica que beneficien directamente a los
pueblos interesados, en la relación con la pobreza
extrema y el desempleo que les afecta. Estas actividades deberían incluir esquemas de generación
de ingresos y de empleo, desarrollo rural, formación
profesional, promoción de la artesanía y la industria
rural, programas de trabajos públicos y tecnología
apropiada. Estos programas deberían ser financiados
con cargo al presupuesto regular dentro de las
limitaciones presupuestarias existentes, por recursos
multibilaterales y por otros recursos.
(Resolución adoptada en 27 junio de 1989, por la
Conferencia General de la Organización Internacional
delTrabajo 76ª. Reunión)

Ratificaciones del
Convenio Nº 169, 1989

(Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes)

País Ratificaciones
registradas en la OIT

Argentina 03.07.00
Bolivia 11.12.91
Brasil 25.07.02
Colombia 07.08.91
Costa Rica 02.04.93
Dinamarca 22.02.96
Dominica 25.06.02
Ecuador 15.05.98
España 15.02.07
Fiji 03.03.98
Guatemala 05.06.96
Honduras 28.03.95
México 05.09.90
Nepal 14.09.07
Países Bajos 02.02.98
Noruega 19.06.90
Paraguay 10.08.93
Perú 02.02.94
República Bolivariana de Venezuela 22.05.02
Lista Vigente al 15/11/2007

Resolución aprobada
por la Asamblea General
(sin remisión previa a una Comisión Principal)
(A/61/L.67 y Add.1)

61/295. Declaración
de las Naciones Unidas
sobre los derechos
de los pueblos indígenas

LaAsamblea General,
Tomando nota de la recomendación que figura en la
resolución ½ del Consejo de Derechos Humanos, de
29 de junio de 2006, en la que el Consejo aprobó el
texto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas.

Recordando su resolución 61/178, de 20 de diciembre
de 2006, en la que decidió aplazar el examen y la
adopción de medidas sobre la Declaración a fin de
disponer de más tiempo para seguir celebrando
consultas al respecto, y decidió también concluir su
examen de la Declaración antes de que terminase el
sexagésimo primer período de sesiones,
Aprueba la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas que figura en el
anexo de la presente resolución.
107a sesión plenaria
13 de septiembre de 2007

Anexo

Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los pueblos
indígenas

La Asamblea General,

Guiada por los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento
de las obligaciones contraídas por los Estados de
conformidad con la Carta,
Afirmando que los pueblos indígenas son iguales a
todos los demás pueblos y reconociendo al mismo
tiempo el derecho de todos los pueblos a ser
diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a
ser respetados como tales,
Afirmando también que todos los pueblos contribuyen
a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y
culturas, que constituyen el patrimonio común de la
humanidad.
Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y
prácticas basadas en la superioridad de determinados
pueblos o personas o que la propugnan aduciendo
razones de origen nacional o diferencias raciales,
religiosas, étnicas o culturales son racistas,
científcamente falsas, jurídicamente inválidas,
moralmente condenables y socialmente injustas,
Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los
pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de
discriminación,
Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas
hayan sufrido injusticias históricas como resultado,
entre otras cosas, de la colonización y enajenación de
sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al
desarrollo de conformidad con sus propias
necesidades e intereses,
Consciente de la urgente necesidad de respetar y promover
los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas,
que derivan de sus estructuras políticas, económicas
y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones
espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente
los derechos a sus tierras, territorios y recursos,
Consciente también de la urgente necesidad de
respetar y promover los derechos de los pueblos
indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros
arreglos constructivos con los Estados,
Celebrando que los pueblos indígenas se estén organizando
para promover su desarrollo político, económico,
social y cultural y para poner fin a todas las formas
de discriminación y opresión dondequiera que
ocurran,Convencida de que el control por los pueblos
indígenas de los acontecimientos que los afecten a
ellos y a sus tierras, territorios y recursos les permitirá
mantener y reforzar sus instituciones, culturas y
tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con
sus aspiraciones y necesidades,
Considerando que el respeto de los conocimientos, las
culturas y las prácticas tradicionales indígenas
contribuye al desarrollo sostenible y equitativo
y a la ordenación adecuada del medio
ambiente,
Destacando la contribución de la desmilitarización de
las tierras y territorios de los pueblos indígenas a la
paz, el progreso y el desarrollo económicos y sociales,
la comprensión y las relaciones de amistad entre las
naciones y los pueblos del mundo,
Reconociendo en particular el derecho de las familias y
comunidades indígenas a seguir compartiendo la
responsabilidad por la crianza, la formación, la educación y el bienestar de sus hijos, en observancia
de los derechos del niño,
Considerando que los derechos afirmados en los
tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos entre
los Estados y los pueblos indígenas son, en algunas
situaciones, asuntos de preocupación, interés y
responsabilidad internacional, y tienen carácter
internacional,
Considerando también que los tratados, acuerdos y
demás arreglos constructivos, y las relaciones que
éstos representan, sirven de base para el
fortalecimiento de la asociación entre los pueblos
indígenas y los Estados,
Reconociendo que la Carta de las Naciones Unidas, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales2 y el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración y
el Programa de Acción de Viena 3 afirman la
importancia fundamental del derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual
éstos determinan libremente su condición política y
persiguen libremente su desarrollo económico, social
y cultural,
Teniendo presente que nada de lo contenido en la
presente Declaración podrá utilizarse para negar a
ningún pueblo su derecho a la libre determinación,
ejercido de conformidad con el derecho internacional,
Convencida de que el reconocimiento de los derechos
de los pueblos indígenas en la presente Declaración
fomentará relaciones armoniosas y de cooperación
entre los Estados y los pueblos indígenas, basadas en
los principios de la justicia, la democracia, el respeto
de los derechos humanos, la no discriminación y la
buena fe,
Alentando a los Estados a que cumplan y apliquen
eficazmente todas sus obligaciones para con los
pueblos indígenas dimanantes de los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los
derechos humanos, en consulta y cooperación con los
pueblos interesados,
Subrayando que corresponde a las Naciones Unidas
desempeñar un papel importante y continuo de
promoción y protección de los derechos de los pueblos
indígenas,
Considerando que la presente Declaración constituye
un nuevo paso importante hacia el reconocimiento, la
promoción y la protección de los derechos y las
libertades de los pueblos indígenas y en el desarrollo
de actividades pertinentes del sistema de las Naciones
Unidas en esta esfera,
Reconociendo y reafirmando que las personas
indígenas tienen derecho sin discriminación a todos
los derechos humanos reconocidos en el derecho
internacional, y que los pueblos indígenas poseen
derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como
pueblos,
Reconociendo que la situación de los pueblos
indígenas varía según las regiones y los países y que
se debe tener en cuenta la significación de las
particularidades nacionales y regionales y de las
diversas tradiciones históricas y culturales,
Proclama solemnemente la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas, cuyo texto figura a continuación,
como ideal común que debe perseguirse
en un espíritu de solidaridad y respeto
mutuo:
Artículo I
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como
personas, al disfrute pleno de todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales reconocidos
por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos 4 y la normativa
internacional de los derechos humanos.
Artículo 2
Los pueblos y las personas indígenas son libres e
iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen
derecho a no ser objeto de ningún tipo de
discriminación en el ejercicio de sus derechos, en
particular la fundada en su origen o identidad
indígenas.
Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de
libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de los
medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y
reforzar sus propias institu-ciones políticas, jurídicas,
económicas, sociales y culturales, manteniendo a la
vez su derecho a participar plenamente, si lo desean,
en la vida política, económica, social y cultural del
Estado.
Artículo 6
Toda persona indígena tiene derecho a una
nacionalidad.
Artículo 7
1. Las personas indígenas tienen derecho a la vida, la
integridad física y mental, la libertad y la seguridad de
la persona.
2. Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo
de vivir en libertad, paz y seguridad como pueblos
distintos y no serán sometidos a ningún acto de
genocidio ni a ningún acto de violencia, incuido el
traslado forzado de niños del grupo a otro grupo.
Artículo 8
1. Los pueblos y las personas indígenas tienen
derecho a no sufrir la asimilación forzada o la
destrucción de su cultura.
2. Los Estados establecerán mecanismos eficaces
para la prevención y el resarcimiento de:
a) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia
privar a los pueblos y las personas indígenas de su
integridad como pueblos distintos o de sus valores
culturales o su identidad étnica;
b) Todo acto que tenga por objeto o consecuencia
enajenarles sus tierras, territorios o recursos;
c) Toda forma de traslado forzado de población que
tenga por objeto o consecuencia la violencia o el
menoscabo de cualquiera de sus derechos;
d)Toda forma de asimilación o integración forzada;
e) Toda forma de propaganda que tenga como fin
promover o incitar a la discriminación racial o étnica
dirigida contra ellos.
Artículo 9
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho a
pertenecer a una comunidad o nación indígena, de
conformidad con las tradiciones y costumbres de la
comunidad o nación de que se trate. No puede resultar
ninguna discriminación de ningún tipo del ejercicio de
ese derecho.
Artículo 10
Los pueblos indígenas no será desplazados por la
fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e
informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin
un acuerdo previo sobre una indemnización justa y
equitativa y, siempre que sea posible, la opción del
regreso.
Artículo 11
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y
revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello
incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar
las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de
sus culturas, como lugares arqueológicos o históricos,
utensilios, diseños, ceremonias, tecnologías, artes
visuales e interpretativas y literaturas.
2. Los Estados proporcionarán reparación por medio
de mecanismos eficaces, que podrán incluir la
restitución, establecidos conjuntamente con los
pueblos indígenas, respecto de los bienes culturales,
intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e
informado o en violación de sus leyes, tradiciones y
costumbres.
Artículo 12
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar,
practicar, desarrollar y enseñar sus tradiciones, costumbres
y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener
y proteger sus lugares religiosos y culturales y a
acceder a ellos privadamente; a utilizar y controlar sus
objetos de culto, y a obtener la repatriación de sus
restos humanos.
2. Los Estados procurarán facilitar el acceso y/o la
repatriación de objetos de culto y de restos humanos
que posean mediante mecanismos justos,
transparentes y eficaces establecidos conjuntamente
con los pueblos indígenas interesados.
Artículo 13
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar,utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones
futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales,
filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a
atribuir nombres a sus comunidades, lugares y
personas y mantenerlos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para
garantizar la protección de ese derecho y también para
asegurar que los pueblos indígenas puedan entender
y hacerse entender en las actuaciones políticas,
jurídicas y administrativas, proporcionando para ello,
cuando sea necesario, servicios de interpretación u
otros medios adecuados.
Artículo 14
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y
controlar sus sistemas e instituciones docentes que
impartan educación en sus propios idiomas, en
consonancia con sus métodos culturales de
enseñanza y aprendizaje.
2. Las personas indígenas, en particular los niños
indígenas, tienen derecho a todos los niveles y formas
de educación del Estado sin discriminación.
3. Los Estados adoptarán medidas eficaces, junto con
los pueblos indígenas, para que las personas
indígenas, en particular los niños, incluidos los que
viven fuera de sus comunidades, tengan acceso,
cuando sea posible, a la educación en su propia
cultura y en su propio idioma.
Artículo 15
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la
dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones,
historias y aspiraciones queden debidamente
reflejadas en la educación pública y los medios de
información públicos.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces, en
consulta y cooperación con los pueblos indígenas
interesados, para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la
comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos
indígenas y todos los demás sectores de la sociedad.
Artículo 16
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer
sus propios medios de información en sus propios
idiomas y a acceder a todos los demás medios de
información no indígenas sin discriminación alguna.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces para
asegurar que los medios de información públicos
reflejen debidamente la diversidad cultural indígena.
Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar
plenamente la libertad de expresión, de-berán alentar
a los medios de comunicación privados a reflejar
debidamente la diversidad cultural indígena.
Artículo 17
1. Las personas y los pueblos indígenas tienen
derecho a disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en el derecho laboral internacional y
nacional aplicable.
2. Los Estados, en consulta y cooperación con los
pueblos indígenas, tomarán medidas específicas para
proteger a los niños indíge-nas contra la explotación
económica y contra todo trabajo que pueda resultar
peligroso o interferir en la educación del niño, o que
pueda ser perjudicial para la salud o el desa-rrollo
físico, mental, espiritual, moral o social del niño,
teniendo en cuenta su especial vul-nerabilidad y la
importancia de la educación para el pleno ejercicio de
sus derechos.
3. Las personas indígenas tienen derecho a no ser
sometidas a condiciones discrimi-natorias de trabajo,
entre otras cosas, empleo o salario.
Artículo 18
Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la
adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes
elegidos por ellos de confromidad con sus propios
procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus
propias instituciones de adopción de decisiones.
Artículo 19
Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de
buena fe con los pueblos indígenas interesados por
medio de sus instituciones representativas antes de
adoptar y aplicar medidas legislativas o
administrativas que los afecten, a fin de obtener su
consentimiento libre, previo e informado.
Artículo 20
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y
desarrollar sus sistemas o instituciones políticos,
económicos y sociales, a que se les asegure el disfrute
de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a
dedicarse libremente a todas sus actividades
económicas tradicionales y de otro tipo.
2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios
de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una
reparación justa y equitativa.
Artículo 21
1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin
discriminación alguna, al mejoramiento de sus
condiciones económicas y sociales, entre otras
esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y
el readiestramiento profesionales, la vivienda, el
saneamiento, la salud y la seguridad social.
2. Los Estados adoptarán medidas eficaces y, cuando
proceda, medidas especiales para asegurar el
mejoramiento continuo de sus condiciones
económicas y sociales. Se prestará particular atención
a los derechos y necesidades especiales de los
ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las
personas con discapacidad indígenas.
Artículo 22
1. Se prestará particular atención a los derechos y
necesidades especiales de los ancianos, las mujeres,
los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad
indígenas en la aplicación de la presente Declaración.
2. Los Estados adoptarán medidas, junto con los
pueblos indígenas, para asegurar que las mujeres y
los niños indígenas gocen de protección y garantías
plenas contra todas las formas de violencia y discriminación.
Artículo 23
Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a
elaborar prioridades y estra-tegias para el ejercicio de
su derecho al desarrollo. En particular, los pueblos
indígenas tienen derecho a participar activamente en
la elaboración y determina-ción de los programas de
salud, vivienda y demás programas económicos y
sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar
esos programas mediante sus pro-pias
instituciones.
Artículo 24
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias
medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de
salud, incluida la conservación de sus plantas
medicinales, animales y minerales de interés vital. Las
personas indígenas también tienen derecho de
acceso, sin discriminación alguna, a todos los
servicios sociales y de salud.
2. Las personas indígenas tienen derecho a disfrutar
por igual del nivel más alto posible de salud física y
mental. Los Estados tomarán las medidas que sean
necesarias para lograr progresivamente la plena
realización de este derecho.
Artículo 25
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras,
territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que
tradicionalmente han poseído o ocupado y utilizado de
otra forma y a asumir las responsabilidades que a ese
respecto les incumben para con las generaciones
venideras.
Artículo 26
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras,
territorios y recursos que tradicionalmente han
poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido.
2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer,
utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y
recursos que poseen en razón de la propiedad
tradicional u otra forma tradicional de ocupación o
utilización, así como aquellos que hayan adquirido de
otra forma.
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará
debidamente las costumbres, las tradiciones y los
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos
indígenas de que se trate.
Artículo 27
Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente
con los pueblos indígenas interesados, un proceso
equitativo, independiente, imparcial, abierto y
transparente, en el que se reconozcan debidamente
las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de
tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, para
reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos
indígenas en relación con sus tierras…

Gerardo Sosa

https://www.facebook.com/groups/342282102514261/

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2 Respuestas a “Adhiero al petitorio de ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por parte del Estado uruguayo.

  1. Aguardamos de un momento a otro la confirmación del día del lanzamiento de la Campaña Nacional de Recolección de Firmas para la Ratificación del Convenio No. 169 de la OIT. Sería en los últimos días de este mes. Se viene avanzando en la organización del evento que esperamos sea precedido de otros lanzamientos locales.

  2. Confirmado. El día viernes 27 de julio, a las 17 horas, en Sala Acuña de Figueroa del anexo del Palacio Legislativo, lanzamiento de Campaña Nacional de Recolección de Firmas para la Ratificación del Convenio No. 169 de la OIT. En próximas entregas iremos compartiendo información sobre el contenido de la jornada.

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